En medio de ese contexto, el oficialismo y la oposición iniciaron una batalla en el Congreso Nacional para el control de los cargos jerárquicos del Poder Judicial.
En la primera sesión destinada a nombrar a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) intentó ratificar, mediante el voto, a los cuatro magistrados que nombró el Presidente Evo Morales por decreto, sin embargo, no lo logró porque no tiene dos tercios de votos en el Congreso.
Los parlamentarios el MAS sólo lograron 77 de los 105 votos requeridos y los opositores de Podemos votaron en blanco.
Por esa razón, el presidente nato del Congreso y vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, declaró un cuarto intermedio hasta el 29 de mayo para que la una comisión se encargue de depurar las listas de postulantes según criterios regionales.
En la sesión, que duró más de 10 horas, opositores y oficialistas compitieron en dureza retórica.
El oficialismo hizo insistentes repasos por el pasado de los partidos tradicionales, a los que acusó de corrupción, cuoteo (reparto de cargos) y de hacer negociaciones a espaldas del pueblo.
Entre tanto, los opositores gravitaron sus discursos en los supuestos intentos del MAS de desestabilizar al Poder Judicial y de dañar la democracia.
En esa línea se pronunció también este jueves el Tribunal Constitucional, que es el principal blanco de las acusaciones del presidente Morales.
"La independencia de los tres poderes que debe ser la base del gobierno constitucional, está en peligro y en riesgo de desaparecer. Y con ella, la seguridad jurídica, pilar fundamental de la democracia y de la vida institucional del país", dice un comunicado "al pueblo de Bolivia" del Tribunal Constitucional.
Juicio de responsabilidades
El Tribunal Constitucional suspendió de sus funciones a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que Evo Morales designó por decreto.
Por ese motivo, el Mandatario planteó un juicio de responsabilidades en contra de sus miembros ante el Congreso Nacional.
Los magistrados acusados dijeron que "el pretendido juicio de responsabilidades constituye una flagrante injerencia del Poder Ejecutivo en otro poder del estado, que busca así la acumulación de los tres poderes en sus manos".
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, salió al paso de las acusaciones del Poder Judicial, con fuertes acusaciones en contra de los magistrados y de sus opositores políticos.
Los fallos del Tribunal "lo que están haciendo es mantener la corrupción y blindar la impunidad".
Les recordó a los magistrados que fueron elegidos en octubre de 2003, cuando "se beneficiaron del olor de la sangre de compatriotas que morían en El Alto y del olor de la pólvora que se disparaba en El Alto".
Quintana se refirió, así, a los hechos sangrientos que derivaron en la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
